El aborto ha sido siempre un tema muy polémico. Parece no haber consenso sobre el hecho de si la mujer debería o no poder tomar la decisión de interrumpir y finalizar un embarazo de forma prematura. Existen argumentos -válidos o no- para sostener cualquiera de las posiciones, pero también el mismo número de contraargumentos para intentar desacreditar el punto de vista contrario. En esta difícil situación se encuentran los políticos, que al igual que López Obrador, tendrán que tomar decisiones al respecto.

En algunos países, como Canadá, Dinamarca o Suecia, el aborto es un derecho reconocido que le permite a cualquier mujer someterse a esa práctica gratuitamente en los servicios sanitarios públicos. En el otro extremo se encuentran países como Venezuela o Afganistán, donde la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre no corre peligro puede ser penalizada con años de prisión.

El movimiento “pro-elección” es aquel que entiende que una mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, un argumento que se ve especialmente reforzado cuando el embarazo es el resultado de una violación. Tener un hijo es una gran responsabilidad y, en una sociedad significativamente machista como la actual, son sobre todo las mujeres las que se hacen cargo de los pequeños.

En este sentido, quienes están a favor del aborto entienden que, si una madre no está preparada o no tiene los recursos suficientes para cuidar de un bebé, este no tiene por qué pagar las consecuencias. Con los avances de la medicina, es incluso posible detectar problemas de salud en el feto en las primeras semanas de gestación, y con la interrupción del embarazo su sufrimiento podría evitarse.

Los defensores del movimiento “pro-vida” refutan esta argumentación invocando la empatía de los que se sitúan en el otro bando. Consideran que nadie, ni la propia madre, tiene ningún derecho a decidir sobre la vida del bebé, que se encuentra indefenso y no puede dar su propia opinión. Así, acusan a los “pro-elección” de discriminar a los niños enfermos y de no darles la oportunidad de vivir.

Incluso, los tachan de asesinos. Entienden que, pese a que en la mayoría de los países donde abortar es legal, esta práctica solo puede realizarse durante el primero o el segundo trimestre -cuando el feto no podría sobrevivir todavía fuera del útero-, sigue siendo un pequeño humano en potencia y se les está negando el derecho a la vida. A estos argumentos suelen sumársele también razones religiosas.

Hay quien dice que, de no legalizarse, lo único que se consigue es que haya más abortos realizados en clínicas poco seguras donde el riesgo de muerte es alto y que, de legalizarse, el número de interrupciones practicadas bajaría. Lo que está claro es que, por un lado, el aborto voluntario va a causar siempre debate y, por otro lado, que nadie está obligado a llevarlo a cabo.