El Ejecutivo hace balance del primer año de regulación: expedientes a operadoras, cierre de cuentas y un sistema de autoexclusión con más de 217.000 solicitudes en 40 días
Brasil ha bloqueado más de 25.000 sitios ilegales de apuestas online tras cumplirse un año desde la implantación del mercado regulado en el país. El dato fue divulgado por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, en un balance que resume actuaciones administrativas, medidas contra publicidad irregular y herramientas de protección al usuario.
En ese periodo, el Gobierno abrió 132 procedimientos administrativos contra empresas del sector, que afectan a 133 operadoras. Según el balance oficial, 80 de esos expedientes continúan en tramitación para la aplicación de posibles sanciones. Entre las acciones de control se incluyen revisiones de cumplimiento normativo y seguimiento de operativas vinculadas a plataformas no autorizadas.
El Ministerio de Hacienda sostiene que el objetivo de la regulación es reforzar controles y reducir la exposición del público a operadores fuera de norma, especialmente en entornos digitales y redes sociales. El balance incorpora resultados vinculados a flujos financieros asociados a apuestas ilegales. Las investigaciones identificaron a 1.700 personas sospechosas de transferencias a plataformas no autorizadas. Como consecuencia, fueron cerradas 550 cuentas bancarias, de las cuales 265 fueron consideradas irregulares, de acuerdo con la información oficial.
En paralelo, el Ejecutivo informó de actuaciones contra publicidad ilegal en redes sociales. Se concluyeron 412 procesos de fiscalización contra influenciadores digitales, con la retirada de 324 perfiles y la eliminación de 229 publicaciones. El Gobierno enmarca estas medidas en un esfuerzo por limitar la difusión de contenidos de plataformas sin autorización.
Los datos divulgados ofrecen también un retrato del perfil de quienes apuestan online. En 2025, 25,2 millones de brasileños realizaron apuestas en internet. Casi el 70% son hombres. La franja de edad predominante se sitúa entre 31 y 40 años, seguida por el grupo de 18 a 24. Las personas mayores de 61 años representan el 2,7% del total.
En términos de actividad económica, y una vez descontados los premios pagados, las operadoras de casino autorizadas registraron una facturación bruta total de 37.000 millones de reales. La recaudación asociada alcanzó cerca de 10.000 millones en impuestos y tributos, junto a 2.500 millones en concepto de tasas de otorgamiento.
Sin viabilidad
Respecto al comportamiento de gasto, los datos de la investigación de un casino en Brasil señalan una concentración en importes bajos. La mayoría de los jugadores declara un gasto mensual contenido en apuestas deportivas. El 63% afirma destinar hasta 20 euros al mes, mientras que el 26% se sitúa en una horquilla aproximada de entre 20 y 90 euros. Los tramos superiores representan una proporción menor: alrededor del 7% gasta entre 90 y 180 euros mensuales, y un 4% supera esa cifra. La misma fuente señala que el importe medio por apuesta ronda los 11 euros, y que el 90% de los depósitos realizados es inferior a 20 euros, un dato que se utiliza para describir una preferencia mayoritaria por cuantías reducidas.
En cuanto a los motivos para apostar en deportes, el estudio sitúa el ocio como razón principal: el 72% afirma hacerlo por diversión. También aparecen factores vinculados a hábitos sociales y seguimiento deportivo: un 19% menciona conectar y socializar con amigos, y un 18% señala acompañar modalidades deportivas preferidas. Otros motivos declarados incluyen testar conocimientos sobre deportes (13%) y considerar las apuestas como principal fuente de ingresos (12%), mientras que el 38% las identifica como complemento de la renta mensual, un dato que las autoridades suelen vigilar por su relación con posibles señales de pérdida de control.
En el capítulo de protección al usuario, el Gobierno destacó la plataforma centralizada de autoexclusión, lanzada en diciembre. En 40 días recibió más de 217.000 solicitudes de bloqueo. El sistema permite que el ciudadano, mediante su CPF, impida el acceso a todas las operadoras autorizadas y la creación de nuevos registros. El principal motivo declarado fue la pérdida de control sobre el juego, presente en el 73% de las solicitudes, según el balance oficial.
