Comunicado de CCD Caudete /
Desde Coalición de Centro Democrático (CCD) denunciamos la gravedad de la sentencia que condena al Ayuntamiento por haber considerado como propios unos terrenos que, tal y como ha reconocido la justicia, pertenecen a particulares.
Pero lo más preocupante es que sobre esos terrenos el Ayuntamiento llegó a conceder licencia para una cantera que hoy está en funcionamiento, es decir, se autorizó una actividad económica en suelo que no era municipal en un periodo anterior de gobierno.
Aún más grave resulta que, durante el procedimiento judicial, el Ayuntamiento ni siquiera defendió en tiempo y forma los intereses de todos los vecinos, llegando a ser declarado en rebeldía procesal por no contestar a la demanda.
Esta forma de actuar tiene consecuencias. Y las vamos a pagar todos.
La sentencia no solo corrige una situación irregular, sino que abre la puerta a importantes indemnizaciones económicas a favor de los propietarios, que podrían suponer un duro golpe para las arcas municipales.
Desde CCD consideramos que estamos ante un caso muy serio de gestión política:
- Se ha actuado sobre terrenos que no eran del Ayuntamiento
- Se han concedido licencias sin garantizar la titularidad del suelo
- Y no se ha defendido adecuadamente al municipio en los tribunales
Además, en el día de ayer, desde CCD dimos cuenta de esta sentencia en el Pleno municipal, una información que debía haber sido trasladada por el propio equipo de gobierno, ya que tenían conocimiento de la misma y, sin embargo, no fue incluida en el orden del día.
Durante la reunión mantenida con el alcalde, este ha negado que existieran advertencias previas por parte de los propietarios. Sin embargo, la realidad es que hoy existe una sentencia condenatoria y un riesgo económico evidente para el Ayuntamiento derivado de decisiones políticas mal gestionadas a lo largo del tiempo.
Conviene recordar que, tras la concesión de esta actividad, personas del entorno político municipal de la época acabaron vinculadas laboralmente a la cantera, una circunstancia que, como mínimo, exige explicaciones claras y una total transparencia sobre lo sucedido.
Por todo ello, desde CCD exigimos:
- Transparencia total sobre las consecuencias económicas de esta sentencia
- Una valoración urgente del coste de las posibles indemnizaciones
- Y la asunción de responsabilidades políticas por esta gestión
Porque lo que está en juego no es solo un error administrativo: es dinero público, es patrimonio municipal y es la confianza de los vecinos.
