El gobierno ha renovado el polémico y, a mi entender, injusto canon digital. Seguimos en las mismas que hace una década, es decir, como no se sabe cómo controlar el mercado digital, que pague el pato directamente el usuario final.

A partir de este mes de agosto, los móviles, tablets, discos duros, pendrives, grabadoras de DVD, impresoras y equipos multifunción van a pagar un recargo extra para combatir y paliar la copia ilegal. ¿He dicho ilegal…? No. Especialmente a partir de ahora, va a ser totalmente legal hacer copias de cualquier cosa, porque vamos a pagar con nuestro dinero para que eso sea así… ¿O tampoco?

El canon, en teoría, no se carga «directamente» al consumidor, sino que lo pagarán los fabricantes, y será cada uno de ellos los que decidan si lo van a cargar a sus clientes o no. En realidad, queda bastante claro que los fabricantes no van a asumir ese gasto, y todos anuncian ya los incrementos a sus distribuidores, y éstos a sus clientes finales. Lo dicho: los consumidores seremos los afectados. La SGAE ya se frota las manos de nuevo…

Las cantidades a pagar van desde los 7 euros de incremento en un disco duro externo, o los 5 ó 6 euros en impresoras multifunción, hasta los 30 céntimos de un DVD virgen. Además, está previsto que el canon aumente en 2018, no sólo en la cuantía, sino en el número de dispositivos «según los avances tecnológicos del momento«… Aquí queda en el aire la nube, el gran espacio virtual de almacenamiento hoy en día, y que seguro que será «atacado» próximamente.

Yo he escrito mucho sobre este tema, y siempre me he posicionado en contra del canon digital por su injusticia. De hecho, la Audiencia Nacional lo anuló en 2011, y aunque volvió, el Tribunal Europeo lo volvió a anular en 2016. Pero las presiones han sido muchas, y el viejo canon ha resucitado.

Este modelo de canon se aplica en la mayoría de países europeos, pero no por ello se puede considerar más justo, sino una medida recaudatoria a toda la población que paga por su presunción de culpabilidad. La explicación es bien sencilla: como los gobiernos y las sociedades de autores no han sabido, hasta el momento, controlar los contenidos digitales de todo tipo y su copia ilegal, se crea la figura del canon para que pague todo el mundo, y así no se equivocan. En dos palabras: impuesto revolucionario.

Lo que hace Europa en este sentido es aplicarlo en general para que parezca algo legal. Y declarar piratas a todos sus ciudadanos. Sin embargo, en un Estado de Derecho me tienen que declarar pirata a mí tras un juicio justo, y no en una declaración masiva. Porque si yo no utilizo mi impresora para imprimir libros, o mi móvil para vender música ilegal, o en mi disco duro sólo guardo mis cosas personales… ¿por qué tengo que pagar por un delito que no cometo?

Por supuesto que el pirateo es una lacra, que es ilegal y que los autores tienen que cobrar por su trabajo. ¡Faltaría más! Pero no es esa la cuestión, sino que el modelo de distribución digital no ha sabido adaptarse a un modelo de negocio sostenible. Estoy de acuerdo en que es dificilísimo, pero esto es un ejemplo claro de que cuando no se sabe qué hacer, siempre se la carga el ciudadano de a pie.