Por el sur, casi pegado a la frontera, el tema del juego y su impacto parece no despegarse nunca de Gibraltar. Lo curioso es que este rincón británico, perdido en la península, se ha ido convirtiendo, sin hacer demasiado ruido, la verdad, en una especie de polo internacional de operaciones online de juego. Esta realidad arrastra a cientos de trabajadores españoles, la mayoría del Campo de Gibraltar.
Ahora, en España, la discusión rara vez aterriza sobre la idea de un casino con paredes y luz de neón; suele centrarse más bien en todo lo que se deriva de las decisiones económicas y normativas que toman al otro lado de la verja.
Vecinos organizados, plataformas ciudadanas, conflictos sonados… poco o nada de eso, la verdad. Aún así, cada vez que en Gibraltar se menciona un cambio en la ley o en los impuestos, el efecto parece sentirse en sitios como La Línea o San Roque, donde no es exagerado decir que la economía local se mueve al ritmo del juego online, aunque sea de manera indirecta.
Un sector siempre en cambio y una economía que depende
Los datos oficiales se repiten con frecuencia: se estima que el juego online representa alrededor del 30 % del PIB de Gibraltar, según cifras del propio gobierno gibraltareño. Más de 3.400 personas dependen en mayor o menor medida de empresas del sector, muchas de ellas cruzando a diario desde el Campo de Gibraltar. Aproximadamente la mitad de la recaudación impositiva local procede de esta actividad, muy por encima de otros sectores tradicionales.
En este contexto, el aumento del Remote Gaming Duty anunciado por el Reino Unido del 21 % al 40 % en 2026, ha generado preocupación. El ministro Nigel Feetham ha advertido sobre posibles “impactos irreversibles” y ha vuelto a insistir en la necesidad de diversificar la economía, subrayando los riesgos de una dependencia tan concentrada.
Desde el ámbito político local se transmite un mensaje de calma, mientras que los sindicatos muestran mayor cautela. Temen que una subida fiscal significativa pueda derivar en pérdida de empleo, menor recaudación y una eventual salida de empresas internacionales.
Al mismo tiempo, las reformas legales previstas, como el Gambling Bill proyectado para 2025 o 2026, buscan reforzar la protección de los jugadores y limitar el mercado ilegal, aunque también introducen incertidumbre. A día de hoy, no existe una visión clara sobre cómo estos cambios afectarán al trabajo diario de quienes cruzan la frontera.
Preocupaciones regulatorias y presencia digital del casino online
No hay un debate público documentado sobre la implantación de un casino físico en el Campo de Gibraltar, pero la presencia de plataformas digitales, su publicidad y la fiscalidad asociada sí ocupan espacio en medios gibraltareños y españoles. Figuras como Andrew Lyman, Comisario de Juego, han señalado que incrementos impositivos demasiado bruscos podrían empujar a jugadores y empresas hacia entornos ilegales. En la política gibraltareña existe un amplio consenso para proteger un sector que sostiene buena parte del empleo y de los ingresos públicos, incluidos los destinados a servicios esenciales.
En paralelo, se discuten nuevas exigencias regulatorias: licencias más estrictas, mayores controles de identidad y medidas reforzadas contra el blanqueo de capitales. Este escenario podría acabar influyendo, aunque de forma indirecta, en los hábitos y el acceso de quienes viven en el Campo de Gibraltar. Por ahora, la polémica en la zona española se mantiene limitada y centrada en la preocupación por el empleo. No se observan movilizaciones ciudadanas ni posicionamientos institucionales destacados.
Impacto transfronterizo y la falta de debate social directo
La geografía y la estructura laboral de la zona dificultan la construcción de un relato común sobre el casino como fenómeno social. Datos del Gobierno español publicados en 2025 apuntan a cerca de 9.000 personas que cruzan a diario la frontera para trabajar, muchas vinculadas directa o indirectamente al sector del juego. Pese a su peso económico, el debate suele quedarse en ámbitos técnicos, sindicatos, empresas o despachos especializados, y rara vez llega a la calle. Para muchos, esta dependencia forma parte del paisaje cotidiano.
Aun así, la preocupación por el futuro está presente. La posibilidad de traslados empresariales o despidos genera inquietud, especialmente en municipios como La Línea, donde el acceso al empleo es limitado y la estabilidad del sector se percibe como un factor clave. No se detectan movimientos ciudadanos de oposición, algo más habitual en otras regiones de España donde los efectos negativos del juego han provocado respuestas sociales más visibles.
Respuestas que no terminan de llegar y algo de incertidumbre
Existen críticas al modelo económico de la zona y se insiste en la necesidad de diversificar, pero las propuestas concretas siguen siendo escasas. La concentración de empleo y riqueza continúa girando en torno al juego online y a Gibraltar, y las reformas legislativas previstas tienen un impacto directo en la comarca. Lo que aún no emerge es un debate profundo sobre los límites del modelo o sus riesgos a largo plazo.
Apuntes finales sobre el juego responsable
En este contexto, hablar de juego responsable resulta especialmente relevante. Los cambios normativos y fiscales pueden modificar el acceso o los patrones de uso, pero la protección de las personas debería seguir siendo prioritaria. Mantener una industria sólida sin ignorar los riesgos asociados sigue siendo un desafío compartido, sin soluciones simples ni inmediatas.
