El dilema de la prisión permanente revisable

Editoriales

Desde la captura del asesino confeso de Diana Quer, un caso que ha sido muy mediático, el debate de la derogación o no de la prisión permanente revisable se ha reavivado en la sociedad española.

La PPR (para abreviar) es la máxima pena privativa de libertad de nuestro Código Penal. Está en vigor desde el 31 de marzo de 2015, y está pensada para los supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de Estados extranjeros, asesinatos en serie, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad). Tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, el penado puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos delitos. Un tribunal colegiado debe valorar entonces, nuevamente, las circunstancias del penado, y revisar su situación personal. Esta revisión judicial periódica garantiza que el condenado tenga posibilidades reales de salir de prisión.

La PPR, tal y como está concebida, no es lo mismo que la cadena perpetua. Sin embargo, una parte de la sociedad, y buena parte de la actual oposición en el Congreso, considera que se le asemeja, y que se trata de una violación de los Derechos Humanos. Por eso, han pedido su derogación.

Condenas equivalentes a la PPR existen en la gran mayoría de países europeos, con diferentes matices. En casi todos prevalece el ánimo de la “reinserción” del condenado, como objetivo último de las condenas.

Siguiendo con nuestro país, España ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que recoge dicha pena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo considera que se trata de una pena ajustada al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que, a su vez, prohíbe las penas inhumanas.

Y dicho todo esto, paso a mi opinión personal…

Es normal que las víctimas luchen por castigar al máximo a los verdugos. Al padre de Diana no se le puede reprochar que haya iniciado, junto a familiares de otras víctimas, su campaña para que no se derogue la PPR. Es lo que todos haríamos si nos matasen a una hija… Sin embargo, no es desde esta perspectiva de venganza desde donde hay que ver el problema, sino desde una perspectiva de autoprotección de la sociedad.

La cuestión aquí no son los años de condena, sino hasta qué punto puede ser irresponsable un Estado si, llegado el caso, se pone en la calle a un asesino que se sabe que no está reinsertado, y que espera cumplir su condena para volver a matar. Ha ocurrido en muchas ocasiones, por desgracia. Es una cuestión peliaguda, porque la prisión busca la reinserción, es decir, que el condenado haya logrado cambiar hasta el grado de no volver a cometer un crimen, y que pueda vivir en, y con la sociedad… pero la realidad es que en pocas ocasiones ocurre eso.

Los terroristas yihadistas, por ejemplo, no temen perder la vida en un atentado. Muchos habían pasado antes por cárceles, y esperaron pacientemente su momento. En algunos casos, casi se tenía la seguridad de que atentarían en cuanto tuviesen oportunidad. Y así fue.

¿Dejarlos encerrados de por vida puede ser una solución? Es una afirmación muy dura, porque estamos hablando de seres humanos, pero… ¿qué ocurriría si hiciésemos un listado de asesinos en nuestro país, y sus crímenes…? Os aseguro que si investigáis un poco, os aterrorizará la crueldad que pueden albergar algunos seres humanos, que yo calificaría como de “monstruos”, sin duda alguna. Muchos se sabe que cuando salgan a la calle volverán a matar… Es una certeza estremecedora.

Yo no soy jurista, ni filósofo, solo un ciudadano más. Y mi opinión es que prefiero que no se derogue la PPR. Hasta ahora se ha aplicado en contadísimas ocasiones, pero ante casos extremos, creo que hay que estar preparados.

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