El alcalde de José Miguel Mollá ha calificado de «insoportable» la escalada de inseguridad que atraviesa el municipio tras mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno en Albacete. El regidor ha denunciado un incremento de la delincuencia que afecta a todos los ámbitos, desde robos en viviendas y negocios hasta asaltos en plena vía pública.
Mollá ha estado acompañado durante el encuentro por el diputado provincial José Luis Serrano y la concejal de Políticas Sociales, María Martínez. Según el alcalde, hasta el 90% de los delitos estarían cometidos por personas residentes en la propia localidad.
El primer edil ha mostrado su malestar por la gestión de los recursos de seguridad, especialmente tras la reciente inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete. A pesar de esta infraestructura, denuncia que la plantilla ha disminuido y que actualmente existe un déficit de entre cinco y seis efectivos sin cubrir. «En lugar de incrementar la dotación para un cuartel que debería funcionar como un Puesto Principal, lo que han hecho es bajarla», ha lamentado.
La Guardia Civil hace bien su trabajo
Además, Mollá ha advertido de que la situación podría agravarse en los próximos meses, cuando los agentes en comisión de servicio regresen a sus destinos de origen, lo que dejaría al municipio en una posición de «extrema vulnerabilidad».
Durante su comparecencia, el alcalde también ha puesto el foco en la reincidencia delictiva y en la percepción de impunidad. Según ha explicado, los delincuentes locales cuentan con el apoyo de bandas procedentes de localidades cercanas. «La Guardia Civil hace su trabajo y detiene a los delincuentes, pero a los jueces solo les falta hacerles de taxistas de vuelta al pueblo», ha ironizado.
En este sentido, Mollá ha asegurado que esta situación provoca que los delincuentes «se rían en la cara de las autoridades y de los ciudadanos», generando una creciente sensación de inseguridad entre los vecinos. Por ello, ha reclamado a los responsables políticos nacionales un endurecimiento de la legislación penal que permita actuar con mayor contundencia frente a los reincidentes.
«No es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de derecho: los ciudadanos pagamos impuestos para, al menos, poder vivir tranquilos», ha concluido.
El Ayuntamiento de Caudete queda ahora a la espera de que los compromisos adquiridos por la Subdelegación del Gobierno se traduzcan en medidas concretas y en un refuerzo efectivo de la seguridad en las calles del municipio.
