La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha vuelto a denunciar hace unos días lo que considera una situación de «abandono» de la comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Albacete por parte de la Dirección General del cuerpo. La organización asegura que lleva tiempo trasladando esta preocupación a los responsables institucionales y que la última queja formal se realizó ante la Jefatura de la Comandancia.
Desde la asociación lamentan que, a su juicio, «se está ignorando a los albaceteños, que son los verdaderamente perjudicados porque no cuentan con la seguridad que pagan con sus impuestos».
Según explican, en una reciente reunión con la propia Jefatura se reconoció que en la provincia faltarían más de 60 agentes de guardia civil como mínimo. Sin embargo, en la última convocatoria de destinos únicamente se ofertaron 15 vacantes, de las cuales solo cuatro correspondían a cuarteles de municipios.
Falta de personal en el cuartel de Caudete
La asociación pone como ejemplo la situación del puesto de la Guardia Civil de Caudete, donde recientemente quedó vacante el puesto de cabo primero, una plaza que, según denuncian, ni siquiera ha sido publicada en la última convocatoria de destinos.
Además, el cuartel contaría actualmente con personal comisionado en otras unidades, lo que agrava la falta de efectivos. Según estimaciones de la propia asociación, harían falta entre cuatro y cinco agentes más para poder prestar servicio adecuado en un municipio que, aseguran, atraviesa «un grave problema de seguridad ciudadana».
La escasez de personal obliga con frecuencia a desplazar agentes desde otros puestos, algunos situados a más de 75 kilómetros, para cubrir servicios en la localidad. Estos desplazamientos incluyen tanto la ida como el regreso, además de las horas de servicio que se realizan en el municipio.
Un cuartel nuevo sin suficientes efectivos
La AEGC también critica que el cuartel de Caudete fue recientemente construido con dimensiones y dependencias pensadas para convertirse en un puesto principal, pero que actualmente no cuenta con los agentes necesarios para cumplir esa función, y ni siquiera tiene plantilla para ser Puesto Auxiliar.
En la última convocatoria de destinos, señalan, sólo se han publicado dos vacantes, una cifra que se considera insuficiente para resolver el problema estructural de falta de personal.
Petición del alcalde
Al hilo de esto, el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, ha reclamado públicamente que se refuerce la plantilla del cuartel de la Guardia Civil en la localidad y ha anunciado que solicitará una reunión con la Subdelegación del Gobierno en la provincia para exigir la cobertura de las plazas vacantes.
Mollá recuerda la inauguración del nuevo cuartel del municipio y las palabras que dirigió entonces al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según explicó entonces el alcalde, ya advirtió en ese momento que el nuevo edificio debía ir acompañado de un refuerzo de personal.
«Cuando se inauguró el nuevo cuartel hubo quien me criticó las palabras que le dirigí al ministro Marlaska. Dije que ya teníamos las paredes, pero que ahora faltaban las personas. Pues bien, todavía faltan más personas de las que dije», señala el alcalde.
Críticas a la falta de seguridad
El primer edil también afirma que durante aquella visita trasladó al ministro su preocupación por la seguridad en el municipio. Según explica, esa percepción fue rechazada por el titular de Interior, algo que Mollá cuestiona ahora al recordar el despliegue de seguridad que acompañó al acto oficial.
«También le dije que teníamos mucha inseguridad y me lo negó. Mientras tanto, él tenía incluso francotiradores apostados en la azotea del cuartel. ¿A quién esperaba en un lugar tan seguro? Fue todo un espectáculo», afirma.
Reclamación de más medios
El alcalde enmarca esta situación en una crítica más amplia sobre la evolución de los servicios públicos en España. A su juicio, se está produciendo un deterioro del estado del bienestar construido durante décadas, especialmente en ámbitos que considera esenciales como la seguridad, la sanidad y la educación.
En este sentido, defiende que los ciudadanos esperan que los recursos públicos se destinen prioritariamente a estos servicios básicos.
