Editorial – Caudete Digital /
No puedo seguir callando mi opinión. Mi derecho a la libertad de expresión es incuestionable, amparado por la Constitución de mi país. Y no se negocia.
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, he podido ir observando unas actitudes y unas estrategias respecto al tratamiento de la información muy extrañas en nuestro país. Recordaréis que desde los primeros días, este medio exigió saber datos sobre qué pasaba en nuestro pueblo. ¿Había infectados? ¿Algún fallecido? ¿Cuál era la situación? Mis preguntas a muchos conocidos con cargos, unos más altos que otros, en el gobierno regional, me respondieron, casi sin excepción, que ni conocían los datos, ni me los podrían facilitar en caso de conocerlos.
Las órdenes eran esas, y no se podía hacer más. Y, efectivamente, las mismas autoridades sanitarias anunciaron que los datos serían globales por provincias. Las razones que se daban eran variopintas, pero las principales eran «no crear alarma innecesaria entre la población», o bien «que se podría crear el caos en pueblos pequeños». Tengo los mensajes con estas respuestas.
Si se me permite, si esas fuesen las verdaderas razones, sería tomar por irresponsables a los ciudadanos. O por inmaduros. Caudete, finalmente, es uno de los pueblos que ha conseguido datos actualizados, y en nuestro pueblo no nos hemos vuelto locos, ni ha ocurrido nada más allá de sentir dolor por las familias de los fallecidos, y poder dirigirnos a ellas para manifestar nuestras condolencias. Ahora, en Caudete estamos informados, y no vivimos en la inopia. Creo que es lo correcto.
Pero, aparte de esta estrategia de comunicación, muy discutible, los ciudadanos de este país estamos sufriendo una serie de lo que para mí son auténticos atropellos en nuestras libertades y derechos, con la excusa del coronavirus. Muchos de ellos, están pasando inadvertidos en esta situación tan especial, pero están ahí.
Un hecho muy preocupante es, asimismo, muy reciente. José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha dicho, literalmente, que una de la misiones del instituto armado es vigilar las críticas al Gobierno. Las matizaciones han venido después, claro, pero este señor estaba leyendo y lo dijo muy claro.
¿Es posible que esto pueda ocurrir en un país democrático? ¿Es delito criticar la gestión del Gobierno?
Según hemos sabido hoy, la Guardia Civil cursó instrucciones desde el Estado Mayor a todas las comandancias el pasado 16 de abril para confeccionar un informe donde se recopilase la «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el Covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fakes news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».
Esto, claro está, no puede quedar así, sin más, puesto que, de confirmarse, sería una de las cosas más graves ocurridas en nuestro país a nivel democrático. El Gobierno tiene que explicar con total transparencia qué ha ocurrido con todo esto.
En este mismo sentido, la prensa española viene sufriendo desde el comienzo de la crisis la censura en las comparecencias de los responsables sanitarios, los ministros o el propio presidente del Gobierno y, en especial, en las posteriores «ruedas de prensa». Las preguntas siguen filtradas por el Secretario de Estado de Comunicación y, lo que es peor, se contestan las que interesan. Sin pudor alguno. Ya hablamos de esto, pero poco ha variado la situación, y los medios de comunicación han mostrado su desacuerdo absoluto ya en demasiadas ocasiones.
La «gestión» de los bulos se ha convertido en obsesión, también, para el Gobierno. Y por ello, se pretende crear una sola fuente de información respecto al coronavirus: la que salga del Gobierno. Otro disparate que va en la dirección de «controlar» las noticias. Porque unas cosa son los bulos reales, y otra cosa es calificar de bulo todo aquello que no le gusta al Gobierno… ¡Es muy distinto! Los bulos corren siempre por nuestros Whatsapps y redes sociales, pero intentar controlarlos entra, directamente, en contradicción con la libertad de expresión. Si el Gobierno detecta un bulo peligroso, debe perseguirlo penalmente, pero no puede haber censura general en las redes, porque, además, es imposible.
Porque está muy bien que el Gobierno haya instalado en la web de TVE un «gestor» de bulos. Ahí se desmienten, en teoría, muchos de ellos respecto al coronavirus. Pero claro, cuando los bulos proceden de fuentes oficiales, y son fácilmente contrastables, ese «gestor de bulos» queda mudo… Sería deseable que la mal llamada «televisión pública», que no deja de ser el aparato publicitario de cada gobierno que pasa por España, sea del color que sea, intentase, si no ser honrada, que es imposible, al menos parecerlo…
Cuando los gobiernos tratan de controlar férreamente la información, no es una buena señal. Y no es bueno para nadie, sin distinción. Los ciudadanos estamos dando muestras de responsabilidad, de disciplina y de capacidad de sufrimiento para ayudar al bien común, siguiendo las instrucciones que nos da el Gobierno. Pero, por favor, cuidado con nuestros derechos fundamentales: es lo único que nos queda.
