Los partidos políticos españoles, y la misma opinión pública, tienen asumido que una parte de su financiación viene, o puede venir, de las donaciones que hacen determinadas empresas. Esto me parece un grave error, porque si no me falla estrepitosamente la memoria, la primera y más sagrada regla de una empresa es ganar dinero. Siempre.

Una empresa no es una ONG, ni una hermanita de la caridad, aunque muchas de ellas puedan realizar obras sociales muy loables. Pero cuando una empresa "dona" dinero a un partido político, la cosa cambia de manera drástica, porque no es una acción solidaria, ni una ayuda humanitaria, ni se trata de evitar que sus afiliados mueran de hambre. En este caso, claramente, la donación persigue recibir una contraprestación, sea del tipo que sea, pero que finalmente se traducirá en dinero.

Soy, por tanto, partidario de prohibir las donaciones de las empresas a los partidos políticos. Es más discutible que el Estado aporte dinero a los partidos en función de su representación, pero incluso en ese caso habría que hacer un análisis profundo para afirmar taxativamente que sindicatos y partidos tienen que recibir obligatoriamente dinero de los contribuyentes a los que representan. Y es que, según un estudio reciente, el 83% de los ingresos de las formaciones políticas proviene de las arcas públicas. En este caso, UPyD queda fuera de estas valoraciones, ya que aspira a financiarse con las cuotas de sus afiliados, si bien, al no llegar a ese objetivo, también recibe subvenciones, ayudas y donaciones.

Dejando a un lado la aportación del Estado, considero que en la financiación de los partidos está la base de la corrupción política. El dinero entregado, en principio, altruistamente puede degenerar en intercambios de favores que den lugar a maniobras ilegales y corruptelas de una manera demasiado fácil.

Si queremos acabar realmente con la corrupción en el mundo de la política, empecemos por eliminar las fuentes del veneno, por muy golosas que sean.