Caudete lleva unos meses con un incremento de delincuencia, agresiones, robos, etc. En muchas ocasiones, hay menores implicados en estos hechos.
Todos nos preguntamos cómo es posible que los mismos que cometen un robo o una agresión, pueden estar al día siguiente en la calle, aunque sean detenidos.
Con el fin de aclarar un poco la situación, vamos a tratar de explicar en qué consiste la Ley del Menor, algo que todos tenemos en mente pero que no siempre conocemos bien.
¿Qué es la Ley del Menor?
La Ley del Menor en España, regulada principalmente por la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, establece el marco jurídico aplicable a los delitos cometidos por personas menores de edad. Su objetivo principal no es castigar, sino reeducar y reinsertar al joven infractor en la sociedad, reconociendo su especial situación de desarrollo personal y emocional.
Según esta normativa, la edad penal mínima en España se fija en 14 años. Esto significa que los menores de esa edad no pueden ser considerados penalmente responsables de sus actos. En estos casos, la intervención recae sobre los servicios de protección de menores, que aplican medidas de carácter asistencial, educativo o familiar.
Por otro lado, los jóvenes de 14 a 17 años sí pueden ser responsabilizados penalmente, aunque bajo un sistema especial diferente al de los adultos. El procedimiento se desarrolla en los Juzgados de Menores y contempla medidas orientadas a la educación y reinserción social, como la libertad vigilada, las tareas socioeducativas, la convivencia con otra persona o grupo educativo o, en los casos más graves, el internamiento en régimen cerrado o semiabierto.
La Ley del Menor también establece que las medidas impuestas deben ser proporcionales al delito cometido, pero adaptadas a la edad, circunstancias personales y entorno familiar del menor. Además, se fomenta la mediación y la reparación del daño como vías alternativas al proceso judicial, promoviendo que el joven asuma la responsabilidad de sus actos.
La Ley del Menor busca equilibrar la responsabilidad penal con la protección y educación del infractor joven. Parte de la idea de que el menor está en proceso de maduración y que, con la intervención adecuada, puede reconducir su comportamiento y reintegrarse plenamente en la sociedad.
Ley cuestionada por la sociedad
Sin embargo, la Ley del Menor está muy cuestionada actualmente dentro de la sociedad española, que se encuentra dividida en este aspecto. El espíritu de la ley y sus objetivos principales no siempre se cumplen y, de hecho, en muchos casos representa una amenaza real para el entorno social de menores conflictivos. Esto viene dado por la sensación de impunidad que tienen muchos menores delincuentes, que constatan cómo sus acciones quedan sin castigo, o éste no les genera más que algunas molestias temporales.
Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias y la impotencia de no poder hacer nada frente a la delincuencia de menores que, tras llevar a cabo actos delictivos y ser detenidos, suelen quedar bajo la custodia de unos padres que no siempre pueden controlar a sus hijos por las propias circunstancias del entorno familiar en el que viven.
Otro problema que no ha conseguido solucionar esta ley es la integración de menores en situación vulnerable en bandas más o menos organizadas, lo que les confiere mayor confianza en el grupo y puede potenciar las acciones delictivas.
Como vemos, el problema de la delincuencia de menores no tiene fácil solución, y las leyes actuales no garantizan un remedio eficaz para luchar contra ella. Los jueces no tienen otra opción que aplicar la Ley del Menor en estos casos, lo que se traduce en penas y castigos de «baja intensidad», según interpreta buena parte de la sociedad, que les permite no entrar en centros de internamiento, en la mayoría de los casos, y volver a sus domicilios casi directamente tras su detención.
¿Qué ocurre cuando el menor cumple la mayoría de edad?
Hay que tener en cuenta que cuando el menor cumple la mayoría de edad, no se le imponen nuevas penas por delitos pasados, aunque puede seguir cumpliendo las medidas impuestas si ya estaban en curso.
Por lo tanto, los antecedentes como menor no se computan como antecedentes penales ordinarios, pero pueden ser considerados por el juez en ciertos contextos (por ejemplo, para valorar reincidencia o peligrosidad).
En general, las denuncias o delitos cometidos por menores de edad no se acumulan para ser cumplidos como penas una vez alcanzada la mayoría de edad, al menos no en el mismo sentido que en el sistema penal de adultos. Esto se debe a que los menores están sujetos a un sistema de justicia juvenil, que tiene un enfoque educativo y rehabilitador, no punitivo.
Denunciar siempre cualquier delito
En cualquier caso, la opinión generalizada entre los profesionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que es muy importante denunciar todos los hechos delictivos que se produzcan, sean de menores o de adultos.
La denuncia inicia el proceso penal, protege a las víctimas y a la comunidad al prevenir futuros delitos, promueve la rendición de cuentas para los infractores y fortalece el sistema de justicia al permitir que las autoridades analicen patrones delictivos y mejoren las estrategias de prevención.
La denuncia también puede ser necesaria para que las víctimas accedan a servicios de apoyo y soliciten compensación por daños.
Para finalizar, cabe señalar que la Ley del Menor es, como cualquier otra ley, susceptible de modificarse o, incluso, derogarse por otra distinta. Para ello sería necesario presentar una iniciativa legislativa, sujeta a un trámite de discusión y aprobación en las cámaras legislativas. Las modificaciones pueden surgir de propuestas del gobierno, otros órganos o del propio Congreso, y su aprobación final requeriría una mayoría absoluta en votación final en el Congreso, ya que es una ley orgánica.
