Un trabajador que ejercía como contable en una empresa de transporte de mercancías por carretera de Caudete tendrá que responder ante la Justicia por el presunto desvío de 608.747 euros de las cuentas de la compañía entre 2020 y 2023. La Fiscalía solicita para él seis años de prisión por un supuesto delito de administración desleal. En la misma causa está acusada su madre, para quien el Ministerio Público reclama dos años de cárcel por presunta receptación.
Según el escrito de acusación, el trabajador habría aprovechado la confianza que el administrador de la empresa había depositado en él para efectuar numerosas transferencias bancarias en beneficio propio. Sus funciones como contable le permitían gestionar operaciones financieras de la sociedad y utilizar las claves de seguridad que el administrador recibía en su teléfono móvil. La Fiscalía sostiene que habría empleado estos medios para ordenar pagos que aparentaban corresponder a salarios y reembolsos vinculados a la actividad empresarial.
Los movimientos investigados se habrían realizado desde cuentas de la compañía abiertas en distintas entidades financieras y tendrían como destino tres cuentas bancarias vinculadas al acusado y a personas de su entorno. La primera, compartida formalmente con su expareja y abierta en una sucursal de Alicante, habría recibido 339.624 euros. Otra cuenta, a nombre exclusivo del contable y radicada en Caudete, habría acumulado transferencias por valor de 259.623 euros. A estas cantidades se suman otros 9.500 euros ingresados en una tercera cuenta compartida con su madre.
Delito de receptación
La investigación también atribuye a la madre del acusado una presunta colaboración en la gestión de parte de los fondos. La Fiscalía afirma que conocía su supuesto origen ilícito y que habría recibido de su hijo 15.000 euros en efectivo, que posteriormente ingresó en una cuenta bancaria compartida por ambos. Esos depósitos se habrían efectuado en cuatro operaciones entre marzo de 2021 y enero de 2023, por importes de 2.000, 7.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente.
Además, el Ministerio Fiscal sostiene que la mujer habría permitido utilizar otras cuentas de titularidad compartida para recibir y mover dinero procedente de las cuentas del trabajador, incluyendo una en la que cobraba habitualmente su pensión. Según la acusación, estas operaciones habrían facilitado la circulación de los fondos entre distintas entidades y su posterior retirada en efectivo. Por estos hechos, la Fiscalía considera que la conducta de la madre podría constituir un delito de receptación, distinto del que atribuye al principal acusado.
El caso comenzó a investigarse después de que el representante legal de la empresa presentara una denuncia el 11 de marzo de 2023, ampliada tres días después. Las diligencias se tramitaron inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa antes de llegar a la Audiencia Provincial de Albacete. Para el contable, la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 12 euros; para su madre, solicita dos años de cárcel. Ambos carecen de antecedentes penales, según el escrito de acusación.
En el apartado económico, el Ministerio Público reclama que el trabajador indemnice a la empresa con 608.747 euros, además de los perjuicios adicionales que puedan acreditarse durante el procedimiento. También solicita que la madre responda solidariamente con su hijo por 15.000 euros, correspondientes al dinero que presuntamente recibió e ingresó en las cuentas compartidas, más los intereses legales que procedan. El juicio está señalado para el miércoles 28 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde se determinará si los hechos denunciados constituyen delito y qué responsabilidad corresponde a cada acusado, que conserva su derecho a la presunción de inocencia.
