El canon medioambiental del agua entrará en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha, un impuesto que fue derogado por el Gobierno regional nada más aprobarlo hace dos años, pero que ahora se recupera a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos.
Este canon fue aprobado por segunda vez el pasado 14 de marzo, y está generando polémica en Castilla La Mancha. Mientras que el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que la aplicación del canon del agua supondrá una repercusión prácticamente «imperceptible» en el gasto de las familias, el PP regional lo califica de «innecesario» y de «impuesto meramente recaudatorio».
Nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración
La portavoz del gobierno de García-Page, Esther Padilla, ha recordado que la recaudación de este canon estará destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha. El objetivo final es que «no se derroche el agua y que paguen más quienes más consumen».
Según Padilla, este canon se cobra «prácticamente en todas las comunidades autónomas», y Castilla-La Mancha lo va a aplicar «con el menor coste para los ciudadanos». Asegura que la incidencia en las familias castellanomanchegas va a ser «muy pequeña, un euro y poco, en lo que tenga que ver con el recibo del agua». Indica que los primeros 10.000 litros estarán exentos de este canon, y subraya que se van a aprobar «bonificaciones y exenciones, de manera que habrá hogares, incluso, que ni siquiera lleguen a pagar este canon del agua».
Esther Padilla también ha dicho que el 25 por ciento de lo percibido por este canon se cederá a los ayuntamientos «para que con ese dinero puedan ejecutar inversiones en infraestructuras del Ciclo Integral del Agua que sean de su competencia».
El Gobierno regional estima que, de media, los hogares de la Región pagarán entre 20 y 30 euros de canon al año, si bien el PP eleva considerablemente estas cifras hasta los 60 euros anuales, incluso más si se trata de establecimientos o negocios.
Directiva europea del año 2000
Por su parte, el Partido Popular remarca que este impuesto afectará «tanto a los ciudadanos como a los negocios», y que, encima, tendrán que ser los propios ayuntamientos los que tengan que realizar esta recaudación. Aseguran haber hecho propuestas para evitar su implantación, «que han caído en saco roto», lamentan.
«Es un atropello en materia fiscal que se une a la tenacidad del gobierno regional para no deflactar el IRPF, y lo han vestido como de obligado cumplimiento, cuando viene derivado de una directiva europea del año 2000, es decir, de hace 24 años», explican fuentes del PP.
Los populares recuerdan que otras comunidades vecinas, como Madrid o Castilla y León, no lo han establecido, «pero en Castilla-La Mancha, una vez pasadas las elecciones, quieren implantarlo. Page suspendió su aplicación en 2022 en vísperas electorales, y ahora cree que es el mejor momento de aplicarlo, cuando las familias no llegan a final de mes».
