El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha querido trasladar a la opinión pública la difícil situación por la que está pasando el agente de la Policía Local de Caudete Manuel García Sánchez, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Albacete a penas de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante 2 años, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 meses a razón de 5 euros de cuota diaria, y al pago de las costas procesales, todo ello como autor penalmente responsable de un delito de “Falsedad en documento oficial cometido por funcionario público”. Una pena que este sindicato considera «totalmente desproporcionada» ante un hecho que no causó daño ni perjuicio alguno a la administración ni a los ciudadanos.
Los hechos, de los que afirman «está enormemente arrepentido», se produjeron en 2007, cuando al observar que había desaparecido una diligencia de puesta en libertad de un detenido en un atestado instruido, «sin pensar realmente lo que hacía y bastante agobiado porque no aparecía una diligencia y había que remitir el atestado al Juzgado», en lugar de mandar el atestado sin la diligencia de puesta en libertad del detenido, bajó del ordenador la diligencia original confeccionada días atrás, y plasmó en la misma la firma de los actuantes en la diligencia.
A pesar de que la intención «no era falsear nada, puesto que la realidad es que la diligencia se había realizado de forma efectiva y en la forma que constaba en el atestado», finalmente fue condenado y está, «evidentemente, arrepentido, sin saber muy bien qué hacer para enmendar el error», según indican desde el sindicato.
La condena, como se puede observar, es «desorbitada y desproporcionada, sin tener en cuenta que, como no podía ser de otro modo, con el acto ilícito cometido no se ha obtenido beneficio de ningún tipo, cuanto menos económico, ni se ha causado daño alguno a las personas ni a la administración. Solamente pretendía que el atestado estuviera bien confeccionado y que el mismo saliera cuanto antes de las dependencias de la Policía Local, ya que por ese motivo no había salido al Juzgado en el plazo que legalmente nos establecen, sin llegar a alcanzar a comprender nunca la dimensión real de lo que hacía, y de las irremediables consecuencias que ello conllevaba personalmente y, por ende, para la familia.», afirman.
Así mismo, «el compañero ha venido desempeñando desde entonces las funciones del cargo con total lealtad y cumpliendo fielmente las obligaciones profesionales, dedicando al mismo un alto nivel de dedicación, y comprometido con los objetivos marcados, sin que hasta que ocurrieran estos hechos tan desafortunados, ni después, existiera alguna incidencia que manchara la intachable hoja de servicio durante la larga trayectoria profesional en el cuerpo de la Policía Local de Caudete.»
En 2013, una vez adquiere firmeza la Sentencia al no admitirse a trámite el recurso en casación por parte del Tribunal Supremo, se ordena el ingreso en prisión, solicitando entonces un primer indulto que paralizó la ejecución de la sentencia, no entrando finalmente en prisión.
En enero de 2017 se ha resuelto este primer indulto, siéndole conmutada la pena privativa de libertad por otra de dos años de inhabilitación.
En febrero de 2017 el Ayuntamiento de Caudete ha hecho efectiva la ejecutividad de la sentencia respecto a la pena de inhabilitación de dos años para su profesión, lo que además conlleva la pérdida definitiva de la condición de funcionario. Esta pena, según indica el sindicato, «conlleva un perjuicio irreparable y desproporcionado al compañero y a su vida familiar, ya que queda sin trabajo y sin ingresos, y además va en contra del derecho fundamental y constitucional de reinserción social.»
Por ello, se ha solicitado un segundo indulto sobre la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante dos años, con el fin de que, además, no pierda su condición de funcionario, y también se está tramitando la solicitud de suspensión provisional de la ejecución de la pena, hasta que se resuelva esta nueva petición de indulto.
Este segundo indulto solicitado «no causaría perjuicio o lastimaría los derechos de persona alguna, ya que no existe parte ofendida que se haya personado en la causa.»
En reunión de la Ejecutiva Regional del Sindicato Profesional Policías Locales de Castilla-La Mancha (spl-clm.es) «se acordó mantener la afiliación del compañero Manuel García Sánchez, corriendo a cargo de la cuenta del Sindicato los gastos de afiliación, así como correr con los gastos jurídicos que se deriven de la defensa de los derechos del compañero, así como iniciar una campaña de apoyo al indulto en las redes sociales.»
Se tiene la intención de trasladar este asunto para su debate y apoyo al Pleno del Ayuntamiento de Caudete, así como a la Comisión de Coordinación de Policías Locales, de forma que se apoye institucionalmente esta segunda solicitud de indulto.
El primer día de campaña en la plataforma Change.org se han alcanzado cerca de 3.000 firmas de apoyo.
Fuente: Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha
