A la pregunta que titula este editorial, yo respondería que no. La famosa Ley de D’Hondt favorece claramente a los grandes partidos, o a las opciones independentistas, y se traduce en que no todos los votos tienen un mismo valor.
Un ejemplo clásico es el de Izquierda Unida. Se trata de un partido que obtiene un resultado homogéneo en toda España, aunque sin despuntar, lo que le provoca situaciones, a mi juicio, disparatadas. Así, en las generales de 2011 consiguió once diputados tras sumar 1.686.040 papeletas. La izquierda abertzale, que se presentó bajo las siglas de Amaiur, obtuvo un apoyo cinco veces inferior (334.498 votos), pero sumó siete parlamentarios en el Congreso.
Eso le ocurre a muchos partidos. Ciudadanos lo sabe muy bien, ya que nació en Cataluña, donde los partidos nacionalistas precisan de muchos menos votos para obtener escaños. De hecho, es significativo que Cataluña sea la única comunidad autónoma que no dispone de Ley Electoral propia… Evidentemente, le interesa la estatal, porque obtener escaños nacionalistas les cuesta hasta tres veces menos. Por eso, el partido naranja propone, como una de sus prioridades, el cambio de Ley Electoral. De momento, difícil lo tienen…
Pero, si a priori, la ley es injusta, ¿por qué no se cambia? La Ley de D’Hondt la argumentó 1878 este jurista belga para que cada partido tuviese una representación proporcional por cada elector. Esto, en teoría, es justo. El problema es que en España el reparto de escaños no se realiza a partir del cómputo general de votos en todo el país, sino por provincias. Y ahí está la clave del asunto.
Comprender la razón para que la ley no cambie es fácil: no le interesa a los grandes partidos, que se encuentran cómodos con el sistema, aunque a veces les salga algún grano en el culete, como los partidos nacionalistas, que, en virtud de la ley, en muchas ocasiones han tenido mucho peso específico directo en la política nacional (recordemos los tiempo de Ciu, con Pujol pactando tanto con Aznar como con Felipe González).
Además de Ciudadanos, también Podemos, en los últimos tiempos, aboga por un cambio hacia una mayor proporcionalidad en el sistema electoral. Propone la modificación de la Ley de D’Hondt, pero, por el momento, no hay nada definitivo en cuanto a su propuesta de reforma.
Es una cuestión compleja, pero, a mi entender, extraordinariamente importante para los ciudadanos. No pensemos que esto es llegar y cambiarlo de un plumazo, porque podríamos salir de Málaga para caer en Malagón. Esto no es cambiar de A a B, sino que requiere un estudio importante para llegar a un escenario en el que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto con la certeza de que tendrá el valor proporcional que marca nuestra Constitución, y que actualmente no se cumple.
El consenso político es imprescindible en un tema de este calado, pero tal y como están las cosas, el consenso es, en sí mismo, una utopía.
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