Estos días comienzan los diferentes cursos de primaria, secundaria… Y pronto empezarán a funcionar plenamente las universidades. Nuestros hijos inician una nueva etapa educativa marcada, como siempre, por la incertidumbre de no saber qué pasará en el futuro.
En España seguimos sin tener una Ley de Educación consensuada por todos los actores implicados. Y la Educación sigue siendo la asignatura que, gobierno tras gobierno, suspende nuestro país. No porque nuestros hijos sean tontos, ni porque no haya buenos profesionales al frente de tan importante labor. Al contrario. El tremendo problema de este país es que no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en lo más básico.
Desde la instauración de la democracia en España se han aprobado siete leyes educativas. Algunas de ellas ni siquiera han llegado a ponerse en vigor. Esto es un verdadero disparate, porque una ley de este tipo necesita obligatoriamente de un largo periodo de tiempo para ponerse en marcha, consolidarse y dar sus frutos. Ni alumnos, ni profesorado, pueden estar cada poco sufriendo los cambios en los modelos educativos que marcan los políticos incompetentes de turno, máxime cuando la primera decisión de un gobierno recién llegado al poder es destruir la Ley de Educación del gobierno anterior.
El problema está en que la Educación española jamás ha gozado del estatus que precisa. Es decir, esto es algo tan importante, que tendríamos que tener una Ley blindada a los vaivenes políticos, y, por lo tanto, su aprobación tendría que tener un consenso semejante al de la Constitución del 78. Evidentemente, hoy por hoy eso es una auténtica utopía, algo impensable y sólo apto para países con un mínimo de responsabilidad política, y no para circos como el que actualmente sufrimos en España.
Si nos remontamos en el tiempo, resulta que una de la leyes más importantes y que más tiempo estuvo en vigor fue la franquista LGE de 1970. Fue una ley que estableció la enseñanza obligatoria hasta los catorce años. Tras ocho años de Educación General Básica (EGB), se accedía al llamado Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o a FP (Formación Profesional). Esta Ley consiguió modernizar los estamentos educativos en España. A partir de esta ley, la LOECE de 1980, de UCD, no llegó a ponerse en marcha, ya que llegó al poder el PSOE y la derogó. El PSOE, a su vez, en 1985 presentó la LODE, que introducía el concierto, y en 1990, el mismo PSOE saca adelante la LOGSE, lo que acaba definitivamente con la LGE. Esta ley aumentaba la edad de la enseñanza obligatoria hasta los diesiséis años e incorporaba la ESO, a la vez que daba la oportunidad a las comunidades autónomas de redactar una parte muy importante de los contenidos educativos, lo que, sin duda, ha generado con el tiempo una mayor confusión, ya que en la práctica contamos con 17 modelos educativos distintos.
La historia continuó con la LOPEG, en 1995, también del PSOE. Esta ley nació con la oposición frontal del profesorado y de los sindicatos, ya que abría las puertas a una posible privatización de la educación pública. En 2002 fue el PP quien diseñó y aprobó la LOCE, pero no llegó a aplicarse porque llegó Zapatero al poder y pusieron en marcha la LOE, que incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron en 25 horas. Los alumnos podían pasar de curso con asignaturas suspensas.
Así, llegamos a 2013 y el PP aprueba la LOMCE, también llamada la Ley Wert, otra ley con una fuerte oposición por parte de alumnos y profesorado. Esta ley vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de Religión, se elimina la inmersión lingüistica y se recuperan las pruebas externas de evaluación o reválidas. Su implantación está previsto que se culmine este curso 2016 / 2017.
Lógicamente, si el color del gobierno cambia, habrá una nueva ley. Y empezarán de nuevo los cambios, sin importar los perjuicios al alumnado. Mientras tanto, el resumen de los últimos 50 años de Educación en España es que estamos situados por la cola. Según los últimos balances, España estaría por el puesto 30 del mundo, entre Bulgaria y Portugal, y con deficiencias graves en asignaturas clave. En España se reconoce sin paliativos que los alumnos flojean mucho en áreas como lengua o matemáticas, pero no es de extrañar si nos atenemos a los cambios de prioridades sufridos en los últimos 40 años.
Hay voces que culpan al sistema y a los padres, conjuntamente, y que hemos ido cediendo terreno en la educación de nuestros hijos por más comodidad para nosotros mismos. Ni comparto, ni dejo de compartir esa idea, no me la he planteado, pero he leído a varios autores opinar al respecto mientras escribía este editorial. En cualquier caso, pienso que corresponde al Estado establecer leyes de Educación que garanticen la máxima calidad educativa, y que estén por encima de los caprichos o intereses de unos u otros. El futuro del país está ahí, algo que no parece importar demasiado a quienes nos gobiernan y a quienes fiscalizan al gobierno.
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